La pandemia sin cura: narcotráfico y corrupción política

El año que pasó nos dejó disputas por el poder en la provincia de Santa Fe casi sin precedentes. Jueces corruptos, senadores involucrados con bandas narco y en el medio la ciudadanía que sufre las consecuencias. Todo es una clara muestra de lo que podría sufrir el país si prosperan los planes de impunidad.

(POR TOMÁS GALICCHIO) El 2020 no sólo fue noticia por la pandemia del coronavirus en la provincia. En la otra vereda, las complicidades de la dirigencia política santafesina con grupos criminales enredados en el narcotráfico y otros negocios ilegales, como el juego clandestino, brindan una explicación concreta al grave deterioro institucional que erosiona al Estado en esta provincia.

Para ser sinceros, hoy en día Los Monos prácticamente manejan la provincia. Mantienen su actividad desde hace más de 25 años e incluso su líder, Ariel Cantero, continúa manejando esa organización ilícita desde la cárcel donde cumple condenas que suman 62 años de prisión. 

Es evidente que para que esto ocurra deben existir complicidades desde lo alto del poder, hasta ahora nunca identificadas por la Justicia.

Una organización criminal rústica y precaria como Los Monos, surgida de la pobreza más cruda, que usa la violencia extrema como única arma, logró que los crímenes y la muerte se naturalizaran en Rosario, con picos de inseguridad nunca antes visto y muertes por balaceras todos los días.

En este sentido, la impunidad instala una convivencia sólida y armónica que permite describir a Santa Fe como una provincia que desde hace años, todavía con el gobierno socialista, vive en un marco de ilegalidad política crónica, con claros lazos entre el narcotráfico y las instituciones públicas.

En el año que pasó, una investigación realizada los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery avanzó sobre los eslabones de la política que estaban ausentes hasta en la mirada de la Justicia, también contaminada por la corrupción. Todo se une en este prisma judicial: asesinatos, sobornos, negocios y corrupción. Ahora los mencionados funcionarios judiciales están amenazados y sus vidas corren peligro, otro síntoma de la impunidad y del grado de descomposición al cual se ha llegado.

Una causa de juego clandestino que se inició en enero a partir del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, perpetrado por Los Monos, terminó con el “empresario” que manejaba el juego presentándose como arrepentido por temor a que lo mataran los narcos, a los que entregó casinos ilegales como parte de pago a los Cantero para evitar ser blanco de una represalia.

Leonardo Peiti, un “intocable” a lo largo de distintas gestiones gubernamentales, reveló que pagaba coimas al jefe del Ministerio Público en Rosario, Patricio Serjal, y su hombre de confianza en la Fiscalía, Gustavo Ponce Asahad. El objetivo de su “pacto” con los fiscales era tener un cerco de protección para su negocio ilegal, algo que también habría tejido con la policía y con la política, de la mano del jefe del bloque de senadores peronistas, Armando Traferri, acusado de ser organizador de la asociación ilícita.

En la causa se mencionó el sobrenombre Sarna, también como supuesto beneficiario de los sobornos, en alusión al jefe de la policía Víctor Sarnaglia, que renunció por pedido del gobernador Omar Perotti después de que la nación revelara esa información el domingo 22 de agosto.

En las últimas semanas, la investigación avanzó sobre el senador Traferri, un dirigente que va por su tercer mandato en la Legislatura y que fue dos veces intendente de San Lorenzo, la zona donde están asentadas las principales terminales exportadoras del país.

Traferri fue un aliado clave para que el peronismo sellara la unidad el año pasado y retornara al poder después de 12 años de gestión del Frente Progresista, una alianza de socialistas y radicales. El poder del senador del PJ se cristalizó en sus influencias para que la exjueza Alejandra Rodenas integrara la fórmula con Omar Perotti.

Cabe recordar que la exmagistrada investigó sin avances varias causas de la historia criminal de Rosario, como la del narco Luis Medina y el atentado contra el exgobernador Antonio Bonfatti. No encontrar nunca culpables, como pasó en Santa Fe en la última década, es propio de este diabólico juego.

A Traferri lo protegen sus fueros legislativos, que en Santa Fe son más amplios que en el Congreso de la Nación. Esa protección es transversal a toda la clase política. Para que los fiscales lo puedan imputar, sus pares en la Cámara alta de Santa Fe deben retirar ese resguardo legislativo. Y es claro que eso no ocurrirá.

A principios de diciembre, en pleno debate, los senadores peronistas y del Frente Progresista consideraron que no había elementos de peso en la investigación y cerraron el paso a los fiscales para que siguieran investigando.

En su defensa, el senador Traferri esgrimió que esta investigación es una maniobra política del ministro de Seguridad Marcelo Saín, que busca confirmar la conexión de este senador con sectores de la policía aliados a los narcos y al juego ilegal.

Es la primera vez que una investigación judicial profundiza en una trama que compromete a la política y al mundo criminal. A mi parecer, la lamentable respuesta del peronismo y de un sector del radicalismo fue cerrarse para generar mecanismos de autoprotección. La impunidad se impuso sin dejar resquicio para que un senador, como cualquier ciudadano, sea sometido a un proceso judicial.

La política no solo aparece muy manchada en esta novela hiperrealista en la que se mezclan el narcotráfico, el juego ilegal y los sobornos, sino además como cómplice directa de una situación que confirma la fragilidad de las instituciones republicanas cuando el poder político pacta con el crimen. Una vez más, la mafia volvió a imponerse. Mientras tanto, nosotros, los rosarinos y santafesinos, vivimos en la ruleta rusa de esta casta política y asociaciones ilegales.

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